Tratado de la Contratación Pública (2 tomos)

Tomo I: Desde 1909 cuando se expide la Ley 53, que autorizó la inclusión de la cláusula penal para el incumplimiento imputable al contratista y la declaratoria de caducidad por incumplimiento del mismo (arts. 4 y 5), la contratación administrativa en Colombia, ha estado en constante evolución, con regulaciones así lo demuestran la Ley 110 de 1912, Ley 61 de 1921, Ley 167 de 1941, Decreto Ley 528 de 1964, Decreto Ley 3130 de 1968, Decreto 1670 de 1941, Decreto 150 de 1976, Decreto 222 de 1983 y finalmente la Ley 80 de 1993; no obstante lo anterior, la contratación estatal como conjunto de normas y principios que regulan íntegramente la materia, solo aparece a partir de los Decretos Leyes 1670 de 1975 y 150 de 1976, conformando un estatuto contractual, lo que permite afirmar que estos decretos fueron los primeros en contener el sistema evolutivo de la contratación administrativa en Colombia, Del Decreto 150 de 1976, se pasa al Decreto 222 de 1983, que trata de ser un estatuto moderno de contratación, con importantes innovaciones normativas, pero que desde su expedición fue duramente cuestionado, a pesar de lo cual, durante muchos años el régimen que estuvo vigente en Colombia para todo lo referente a la contratación administrativa.

Tomo II: El Gobierno Nacional expidió el Documento CONPES 3816 de octubre 2 de 2014, sobre Mejora Normativa: análisis de impacto. Este documento, según se lee en el mismo, sienta “… las bases para institucionalizar el Análisis de Impacto Normativo en la etapa temprana del proceso de emisión de la normatividad desde la Rama Ejecutiva del Poder Público. Allí se referencia que La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) describe la Mejora Normativa como una de las tres palancas que, juntamente con la política fiscal y monetaria, permiten una mejor administración de la economía, la implementación de políticas y la corrección o estímulo de comportamientos de los miembros de una sociedad (OCDE, 2011, pág. 8).  En efecto, existe evidencia de que las economías con una mejor regulación se recuperan más rápido (con un incremento adicional de 2 a 3 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB) y registran pérdidas acumulativas menores ante choques externos (OCDE, 2010).”

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